Exige prisión preventiva y una indemnización de 50 millones de pesos
Germán Peña Jorge, uno de los sobrevivientes del colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, ha interpuesto una querella formal contra los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y su madre Ana Grecia López, responsabilizándolos por los daños sufridos y solicitando que se les imponga prisión preventiva.
Además, el afectado exige una indemnización de 50 millones de pesos por daños físicos, emocionales y materiales tras el accidente.
La querella fue presentada por el abogado Ricardo Alcántara Méndez ante la Fiscalía del Distrito Nacional, quien cuestionó la aparente inacción de las autoridades después de más de tres semanas de ocurrida la tragedia.
En sus declaraciones, Alcántara Méndez lamentó la falta de consecuencias legales inmediatas para los involucrados, afirmando que “si se tratara de otra persona, ya estaría preso en Najayo o La Victoria”. Aseguró que en este caso ha predominado la negligencia.
El hecho se remonta al 8 de abril, cuando Germán Peña Jorge, de 38 años, se encontraba en el lugar del siniestro acompañado de su hermana y una tía.
Los tres estaban ubicados justo frente a la tarima en el momento en que la estructura se desplomó de forma repentina. Peña Jorge sufrió una herida en la cabeza y otra en un brazo.
Según relató, estuvo atrapado entre los escombros durante un tiempo considerable, en el cual solo pudo mantenerse orando hasta que finalmente recibió ayuda.
Fue un hombre identificado únicamente como Freddy quien se acercó y le brindó asistencia para salir del lugar. Hoy, Germán le agradece profundamente ese gesto que pudo haberle salvado la vida.
La situación de su familia, sin embargo, es mucho más dolorosa. Su hermana permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos de la Plaza de la Salud, debido a lesiones de mayor gravedad sufridas durante el colapso. Su tía, lamentablemente, perdió la vida en el lugar.
Germán Peña Jorge, como otros afectados por la tragedia, solo busca justicia. La querella no solo reclama una compensación económica, sino que también exige que se aplique la ley de manera equitativa, sin privilegios, ante lo que considera una grave negligencia por parte de los responsables del establecimiento.
El caso continúa bajo revisión, mientras las víctimas esperan respuestas de las autoridades y medidas concretas ante lo ocurrido.