Familia denuncia detención injusta, falta de pruebas y repetidos aplazamientos judiciales.
En la provincia de Montecristi, República Dominicana, un joven se encuentra privado de libertad bajo prisión preventiva desde hace dos años, sin que se haya presentado en su contra una acusación con pruebas concluyentes ni se haya celebrado un juicio formal.
La situación ha generado una creciente preocupación entre la familia del detenido y sectores de la comunidad, que cuestionan el prolongado proceso y denuncian irregularidades que vulneran el debido proceso legal.
De acuerdo con los familiares, el incidente por el cual se imputa al joven ocurrió hace aproximadamente tres años. Sin embargo, su arresto no se produjo hasta un año después del hecho, cuando agentes realizaron un allanamiento en su residencia a las 2:00 de la madrugada.
Según el testimonio de su madre, en ese momento el joven se encontraba durmiendo y no tenía relación alguna con el caso que se investigaba. Desde entonces, permanece detenido sin que se haya iniciado formalmente un juicio en su contra.
La identidad del joven no fue revelada con el fin de proteger su privacidad. No obstante, su madre ha insistido en reiteradas ocasiones que su hijo es inocente, que no tiene antecedentes penales y que además sufre de una condición especial de salud, lo cual hace más crítica su situación dentro del centro penitenciario.
La familia sostiene que se trata de una detención injusta, posiblemente influenciada por motivos políticos, aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre esta acusación.
El caso es competencia del Palacio de Justicia de Montecristi, donde las audiencias programadas han sido suspendidas en múltiples ocasiones.
Según la denuncia de la familia, estas suspensiones han sido atribuidas principalmente a la inasistencia de la defensa técnica o a supuestos problemas de salud por parte de los abogados defensores, sin que se hayan presentado documentos médicos que respalden dichas excusas. Esta cadena de aplazamientos ha generado frustración e impotencia en los allegados al detenido.
La madre expresó públicamente el impacto que esta situación ha tenido sobre la familia. Afirmó que han agotado todos sus recursos económicos tratando de resolver el caso por las vías legales, sin obtener resultados.
“Estamos agotados física, emocional y económicamente”, declaró con profunda angustia. También hizo un llamado directo al Consejo del Poder Judicial y al Ministerio Público, solicitando que se investigue a fondo la actuación del tribunal y del equipo legal involucrado en el caso.
La familia exige que se realice una auditoría judicial independiente y se adopten medidas urgentes que garanticen el respeto al debido proceso. En palabras de la madre: “Mi hijo no es un delincuente. No pedimos favores, pedimos justicia”.
Este caso ha puesto en evidencia fallas estructurales dentro del sistema de justicia penal dominicano, especialmente en el uso excesivo de la prisión preventiva.
Dicha medida, que debe aplicarse de forma excepcional, se ha convertido en una práctica recurrente en ausencia de juicios oportunos.
Las denuncias relacionadas con aplazamientos sistemáticos, falta de transparencia y posibles irregularidades deben ser analizadas a fondo por las instituciones competentes para asegurar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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