Santo Domingo, República Dominicana.- La comunicadora Ingrid Jorge expresó su rechazo a la querella presentada en su contra por el legislador Gory Moya, asegurando que no ha recibido ninguna notificación formal por parte de las autoridades judiciales. En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, “La Torita” calificó el proceso como una estrategia para declararla en rebeldía, lo cual podría derivar en una orden de arresto.
Según su declaración, la supuesta táctica legal replicaría lo ocurrido recientemente con su madre, la también comunicadora Claudia Pérez, conocida como “La Tora”. En ese caso, su entorno alegó que la notificación fue enviada a una dirección que no corresponde a su domicilio real, situación que terminó con su detención.
En un mensaje directo, Ingrid Jorge afirmó no temerle a ninguna de las figuras públicas con las que ha tenido enfrentamientos, mencionando específicamente a Farie, Iván y Gory Moya. Sobre este último, afirmó que “lo puede joder fácil”, en una respuesta que ha generado reacciones entre sus seguidores.
También insistió en que nadie le ha entregado notificación alguna, desmintiendo así lo que habría sido difundido por los representantes legales del legislador.
La querella fue introducida ante la Fiscalía del Distrito Nacional por los abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo, quienes actúan en representación de Gory Moya, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El documento legal imputa a Ingrid Jorge por supuestas violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 367 del Código Penal, el cual trata sobre daños a la reputación y la honra.
Además de esta querella, el congresista también ha presentado una acusación similar contra el comentarista Ángel Martínez, quien fue detenido en la provincia de Puerto Plata el pasado lunes 26 de mayo. El caso ha recibido amplia atención mediática, debido a las implicaciones de declaraciones realizadas en plataformas digitales.
A raíz de estos procesos legales, las personas mencionadas podrían enfrentar convocatorias judiciales, medidas restrictivas u otras acciones si no comparecen conforme a las exigencias de las autoridades.
