Tribunal de Villa Altagracia dicta sentencia contra Juan Carlos Correa por muerte de joven en 2021
Un tribunal de Villa Altagracia condenó a 15 años de prisión a Juan Carlos Correa, también conocido como Nano, luego de ser hallado culpable por la muerte del joven Edward Silverio Doñé, de 19 años, ocurrida el 16 de mayo de 2021 en el sector Tierra Santa del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
El joven murió tras recibir dos impactos de bala durante un hecho que fue calificado como criminal por el Ministerio Público.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia, compuesto por las juezas Xiomara Mercedes, Chadalis del Rosario y Kenty Marisela Norsi, quienes acogieron de manera íntegra la acusación presentada por el Ministerio Público.
Según el expediente judicial, luego de cometer el hecho, Correa huyó del lugar y permaneció prófugo por casi cinco meses antes de entregarse a las autoridades. En enero de 2023, durante el juicio inicial, el mismo tribunal —pero con una composición distinta— absolvió al acusado.
Esa vez, los jueces Dante Daniel Ozuna Mercedes y Ana Esther Hernández Méndez decidieron absolver a Correa por presunta falta de pruebas, pese al voto disidente de la jueza presidenta Massiel Ivette Alonzo Rodríguez.
Tras esta decisión, el Ministerio Público apeló y la Corte de Apelación de San Cristóbal ordenó la realización de un nuevo juicio. En este segundo proceso, Correa recurrió a tácticas dilatorias para extender el proceso, pero finalmente se dictó la condena de 15 años de prisión.
El condenado deberá cumplir su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia de San Cristóbal.
El Ministerio Público también recordó que, mientras Correa se encontraba en libertad tras ser absuelto en primera instancia, el 17 de junio de 2024 cometió un nuevo crimen.
En esa ocasión, fue acusado de matar a su expareja, Sixta Villar de Jesús, de 44 años, cuando ella salía de una iglesia evangélica en Villa Altagracia. Este segundo caso ha derivado en otro proceso judicial que sigue en curso ante los tribunales competentes.
Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes, mientras el Ministerio Público mantiene su compromiso de garantizar justicia para las víctimas.