SANTO DOMINGO. Una omisión grave ha desencadenado una situación que ha conmovido profundamente a la República Dominicana. La noche del 8 de abril de 2025, cuando se celebraba una presentación musical en la discoteca Jet Set, un colapso estructural provocó la pérdida de 236 personas y dejó 89 con lesiones. Lo que debía ser una velada de celebración terminó convirtiéndose en una de las jornadas más lamentables en la historia reciente del país.
A raíz de este suceso, el Ministerio Público ha presentado formalmente una acusación contra Antonio y Maribel Espaillat, señalados por presunta responsabilidad indirecta en los hechos. La figura legal invocada ha sido la de falta involuntaria con consecuencias graves, en virtud del artículo 319 del Código Penal dominicano. Dicha normativa contempla sanciones que van desde tres meses hasta dos años de privación de libertad, así como una multa que varía entre 25 y 100 pesos. Esta limitación jurídica ha generado un debate sobre la proporcionalidad de las penas ante hechos de esta magnitud.
La acusación fue confirmada oficialmente este jueves luego de un extenso interrogatorio dirigido por el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. En el documento legal, se describe que los hermanos Espaillat actuaron con “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al mantener el local en funcionamiento, a pesar de que existían condiciones estructurales críticas en el techo del establecimiento.
El Ministerio Público también ha advertido sobre posibles intentos de obstrucción a la investigación. Según el expediente, existen señales de que los acusados intentaron influir sobre empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., con la intención de alterar u ocultar información relevante para el proceso judicial.
Aunque el actual marco penal impone barreras a la aplicación de sanciones más severas, el caso podría avanzar en el ámbito civil. Se prevé la presentación de múltiples demandas por daños y perjuicios por parte de los afectados y sus familias, lo que podría tener consecuencias económicas significativas para los responsables.
Desde su arresto, Antonio y Maribel Espaillat se encuentran bajo custodia a la espera de que el tribunal de atención permanente del Distrito Nacional determine las medidas correspondientes. Mientras tanto, el caso ha reavivado el llamado social a reformar el Código Penal, con el objetivo de garantizar sanciones acordes a la dimensión de hechos como este.
La noche del incidente, mientras el merenguero Rubby Pérez se presentaba en el escenario, el techo del local colapsó de forma repentina. La caída de estructuras de concreto sorprendió a cientos de asistentes, muchos de los cuales no lograron salir a tiempo. Algunos sobrevivientes presentan efectos permanentes tanto a nivel físico como psicológico.
Versiones de trabajadores y personas que estuvieron vinculadas al establecimiento apuntan a que los signos de deterioro eran visibles desde hace tiempo. Se reportaron grietas, filtraciones, ruidos estructurales inusuales y advertencias internas que no fueron atendidas. A pesar de ello, las operaciones del centro continuaron sin interrupciones.
La Procuraduría General de la República sostiene que los propietarios desoyeron alertas que indicaban riesgos evidentes. Aunque la vía penal enfrenta restricciones, las autoridades han remarcado que existe también una dimensión social y civil que no puede ser ignorada.
El proceso judicial apenas comienza, pero la sociedad dominicana permanece atenta, con el firme reclamo de que situaciones como esta no vuelvan a repetirse sin consecuencias adecuadas.