La firma Silva y Silva buscará justicia para más de 20 extranjeros afectados en el trágico evento del Jet Set en República Dominicana.
Más de 20 extranjeros figuran entre las víctimas del trágico evento ocurrido en el Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, y serán representados por la firma norteamericana Silva y Silva.
Aunque los abogados no precisaron cuántos clientes asumirán formalmente en el proceso, confirmaron su participación activa en la búsqueda de justicia para los afectados.
A pesar de que el incidente sucedió en territorio dominicano, los representantes legales afirmaron que existen elementos suficientes para trasladar el caso a una jurisdicción estadounidense.
Según indicaron, su labor se basa en tres pilares fundamentales: buscar respuestas, lograr compensaciones justas y fomentar cambios estructurales, tal como lo hacen en cada caso que representan.
Recordando el precedente del colapso en Champlain Towers en Estados Unidos, Silva y Silva enfatizó que situaciones como la falta de fondos para reparaciones o el incumplimiento de leyes no pueden repetirse. Subrayaron que es imperativo realizar cambios estructurales y legales para prevenir tragedias similares en el futuro.
Para fortalecer la investigación, propusieron la colaboración de peritos internacionales junto a expertos dominicanos, con el objetivo de determinar con precisión las causas y responsabilidades del hecho.
Los abogados también resaltaron que los propietarios del Jet Set son ciudadanos estadounidenses, al igual que varias de las víctimas. Además, señalaron que el establecimiento está registrado como marca en el estado de Nueva York, circunstancia que, sumada a otras operaciones descubiertas en las pesquisas, permitiría que la justicia estadounidense tenga competencia en este caso.
De manera simultánea, Silva y Silva planea entablar demandas en la jurisdicción dominicana. Estas acciones legales no solo implicarían al dueño del negocio, sino también a entidades estatales responsables de la regulación de actividades comerciales y de la supervisión de infraestructuras como la del Jet Set.
Respecto a las posibles consecuencias penales, los juristas indicaron que gerentes y accionistas de la discoteca podrían enfrentar procesos por violaciones al artículo 319 del Código Penal dominicano, que contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión.
Finalmente, los abogados sugirieron que el Estado dominicano podría optar por ofrecer indemnizaciones inmediatas a las víctimas más vulnerables, a fin de evitar que se vean sometidas a procesos judiciales prolongados y costosos.