En Nueva York, Estados Unidos, las condiciones dentro del edificio 26 de Federal Plaza, donde se encuentran detenidos numerosos inmigrantes, han generado gran preocupación por el calor intenso, el hacinamiento extremo y la falta de claridad legal.
El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, representante del distrito 13 de Nueva York, intentó ingresar sin éxito al área donde permanecen estas personas, en medio de crecientes denuncias sobre el trato recibido en estas instalaciones.
Espaillat acudió el domingo acompañado por la congresista Nydia Velázquez, del distrito 7, y por líderes de organizaciones como Make the Road NY y la New York Immigration Coalition. Su objetivo era comprobar de primera mano lo que muchos describen como una “crisis silenciosa” que se desarrolla dentro de los espacios de detención migratoria en la ciudad. Sin embargo, las autoridades le negaron el acceso al décimo piso del edificio, lugar donde se reporta que se encuentran recluidos los inmigrantes.
En una rueda de prensa, el legislador expresó: “El bloqueo a nuestra supervisión solo refuerza la necesidad de transparencia”. Además, reafirmó que el Congreso tiene tanto el derecho legal como la responsabilidad moral de inspeccionar cualquier centro de detención en el país, sin excepción.
Uno de los casos que han resaltado es el de Joaquín Rosario, un dominicano de 34 años que fue detenido el pasado viernes después de acudir voluntariamente a una cita relacionada con su proceso migratorio. Rosario entró legalmente a Estados Unidos hace un año a través de la frontera sur y se encontraba bajo seguimiento judicial mediante el programa conocido como “chequeo”. No tenía antecedentes penales.
Al salir del edificio, Espaillat aseguró: “Vamos a seguir volviendo aquí. No nos dieron acceso al piso 10, vamos a seguir empujando a ver qué es lo que está sucediendo en este edificio, que hay personas que entran y no salen de aquí”.
Esta visita continúa la inspección que el congresista y otros legisladores realizaron a finales de mayo en el Centro de Detención de Elizabeth, en Nueva Jersey. Allí, también observaron casos similares de personas detenidas que no representan riesgos para la seguridad pública.
Espaillat señaló entonces: “La gran mayoría no eran personas con antecedentes violentos. Eran padres, madres, trabajadores, vecinos”. Además, lamentó la separación de familias mixtas, en las que los hijos son ciudadanos estadounidenses.
Los legisladores y organizaciones defensoras exigen cambios urgentes en los protocolos de detención y deportación, así como la garantía de condiciones dignas y la supervisión externa en estos centros migratorios. Desde esta semana, la presión política aumenta y las autoridades federales deberán responder a los cuestionamientos legales y éticos que genera la política actual sobre detención migratoria.