Bogotá, Colombia. “Me ofrecieron 20 millones de pesos para hacerlo”. Con esa afirmación, un adolescente colombiano causó impacto en la sala durante la audiencia de imputación de cargos, al informar a la Fiscalía que fue contratado para actuar contra el senador Miguel Uribe Turbay, una figura destacada del partido Centro Democrático y crítico del actual gobierno.
La declaración fue difundida por el medio local Noticias Caracol, y ha encendido las alarmas sobre el uso de menores por parte de redes organizadas para llevar a cabo actos de alto impacto. La confesión del joven, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de un menor de edad, reveló que recibió una oferta de 20 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 4.800 dólares, para llevar a cabo el acto contra el legislador.
Este hecho se da en medio de un ambiente de gran tensión política y social en el país, generando preocupación en diversas instituciones. La audiencia se realizó este martes, el mismo día en que el presidente Gustavo Petro solicitó apoyo a los servicios de inteligencia de Estados Unidos con el objetivo de investigar los motivos y posibles conexiones detrás del caso.
La solicitud de colaboración internacional evidencia la seriedad con la que las autoridades están abordando la situación. Según fuentes del ámbito judicial, la confesión del menor no solo confirmó el ofrecimiento económico, sino que también podría revelar la existencia de un mecanismo de reclutamiento de adolescentes, con capacidad para actuar con libertad y llegar incluso a figuras del Congreso.
Este caso ha puesto en evidencia un fenómeno que inquieta a muchos: el uso de jóvenes en acciones complejas con motivaciones políticas. La implicación de un menor en un plan de esa magnitud ha provocado respuestas desde diversos sectores, incluido el Congreso colombiano, que ha exigido reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de sus integrantes.
Además, agencias internacionales ya han puesto su atención en el caso, lo que refleja la relevancia que ha tomado dentro y fuera del país. Las autoridades seguirán con las investigaciones para determinar la magnitud de la estructura detrás de esta situación y evitar que se repita.
El episodio se convierte en un nuevo punto de análisis sobre la forma en que se pueden estar instrumentalizando a menores para ejecutar acciones planificadas por redes con posibles fines políticos, en un entorno que ya atraviesa por una elevada tensión institucional.