El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional resolvió posponer la audiencia para evaluar medidas cautelares contra Antonio Espaillat, propietario del centro de entretenimiento Jet Set, y su hermana Maribel Espaillat. La sesión, que originalmente se realizaría este sábado, fue reprogramada para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.
Ambos están vinculados a un expediente que los señala por su presunta responsabilidad en el colapso del techo del establecimiento, un suceso ocurrido el pasado 8 de abril. De acuerdo con el Ministerio Público, el evento ocasionó la pérdida de 236 personas y dejó a más de 180 con diversas afectaciones. El caso ha despertado gran interés público debido al perfil empresarial de los involucrados y al impacto nacional del incidente.
La solicitud de medidas por parte del órgano judicial plantea prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel. La acusación se sustenta en la presunta comisión de hechos que configuran una infracción bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, referidos al hecho de causar pérdidas por acciones negligentes.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, indicó que ambos fueron detenidos el pasado jueves, luego de comparecer ante las autoridades para ofrecer declaraciones. Desde ese momento, el expediente ha ganado notoriedad, tanto por la dimensión del hecho como por la relevancia pública de los imputados.
Según los fiscales, los acusados habrían incurrido en una conducta de “irresponsabilidad colosal” al no realizar adecuaciones estructurales en el inmueble, pese a advertencias previas emitidas por especialistas. Esta supuesta omisión sería, según el Ministerio Público, el origen directo del evento que alteró de forma trágica una noche de entretenimiento.
El organismo acusador también señala que los hermanos Espaillat habrían intentado influir o presionar a empleados del lugar que podrían actuar como testigos clave. Esta circunstancia motivó la solicitud de declarar el expediente como caso complejo, con el propósito de contar con más tiempo para reunir elementos probatorios que refuercen la acusación.
Las autoridades afirman tener en su poder evidencias que sugieren que los daños estructurales pudieron haberse evitado. Añaden que, presuntamente, las decisiones de los responsables priorizaron beneficios financieros por encima de la integridad física de los asistentes.
El proceso judicial queda en pausa hasta el miércoles, cuando el tribunal evaluará si procede con las solicitudes del Ministerio Público respecto a las medidas cautelares planteadas contra ambos imputados.